México. 

Se realizan consultas a pueblos indígenas durante este fin de semana en diferentes partes de Oaxaca, un foro por región del estado, donde las autoridades estatales consideran que participarán aproximadamente 300 personas de diversas etnias. Sin embargo, este proceso, proveniente del INPI, tuvo un primer ejercicio en el estado de Puebla el pasado 3 de junio de 2019 cuyos procesos de consulta no fueron los adecuados con forme a los tratados internacionales que lo rigen.

En esa primera acción gubernamental Proceso de Consulta libre, previa e informada para la Reforma Constitucional y Legal Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, efectuada en la Sierra Norte de Puebla, se tocaron temas como: los indígenas como sujetos de derecho, los derechos de las mujeres indígenas, de la niñez, adolescencia y juventud. Entre estos tópicos el que resaltó entre las comunidades y despertó el descontento es el número 6:  Tierras, territorios, recursos, bio diversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas. A pesar de reconocer la “autonomía” de los pueblos indígenas y su poder de decisión sobre su territorio, el instituto indigenista también indicó que si algún territorio es estratégico para proyectos (sin indicar su la naturaleza) el gobierno tendría el poder para utilizarlo.

Irónicamente uno de los puntos habla sobre la Participación y representación de los pueblos indígenas en las instancias de decisión nacional, de las entidades federativas y municipales. A pesar de esta “integración”, organizaciones como la CNPA-MN indicaron que el ejercicio de consulta en Puebla no se llevó a cabo de manera adecuada y de manera muy apresurada, esto debido a que no todas las comunidades fueron informadas o representadas en los foros y por el hecho de que esta consulta no se realizó de manera bilingüe, en una región donde existen comunidades donde el 70-80% son hablantes de náhuatl.

Cabe señalar que los proyectos de inversión privada en la región podrían incrementarse sí el gobierno estatal o federal lo consideran estratégicos para el “desarrollo” de las comunidades. En este punto se tienen que tomar en cuenta que los proyectos como la Hidroeléctrica Puebla 1, se dispararían. En este último se han presentado despojo a comunidades indígenas totonacas, que se enfrentan con empresas como Walmart de México, Waldo´s Dólar Mart de México, Vips y Suburbia.

Por otra parte, el 15 de noviembre, el juez indígena de Tlacotepec de Benito Juárez, Nemesio Méndez, exigió, junto con otros representantes de pueblos originarios, al congreso de puebla terminar con simulaciones de consultas, pues reconocen que estas no están siendo realizadas de la manera en que se debe realizar.

Ahora este ejercicio ser traslada a Oaxaca en donde se realizarán 8 foros en distintas regiones del estado a cargo de Gloria Sánchez López. Lo que se cuestiona en este momento es la rapidez con las que se han realizado la consulta, siendo esta un proceso complejo de dialogo entre diversas visiones étnicas de lo que es territorio. Cabe señalar que el gobierno federal tiene pensado que se apruebe con menos de dos meses de antelación.

“En la reforma que se acaba de aprobar en el Senado (derivada de la Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos) la queja, sobre todo de los pueblos afromexicanos, es que se hizo con mucha celeridad. La convocatoria salió en junio, y se terminaron en julio y el 9 de agosto se aprueba la ley, de ahí la preocupación” Fuente: Oro radio.

¿Cómo debería ser el proceso para consulta previa, libre e informada?

De acuerdo con el CDI los gobiernos deberán implementar un a consulta previa:

  1. a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

  2. b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.

  3. c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

De la misma fuente se agrega que las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Por otra parte, dentro del artículo 2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes se indica que “…los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos, acciones coordinadas y sistemáticas con miras a proteger sus derechos y garantizarles su integridad.”

Es difícil pensar que los procesos antes mencionados se pueden realizar de manera acelerada (dos meses), pues en un territorio con basta diversidad étnica como Oaxaca no basta con una representación por municipio, sino haría falta un dialogo transversal que levante las diversas voces de los pueblos originarios al momento de decidir su futuro y el futuro de la tierra donde habitan.

Por último, hay que indicar que los “proyectos estratégicos” que pudiera tener el gobierno, al no ser definidos, podrían tratarse de proyectos de muerte, relacionados a la energía y con una fuente de inversión privada, ahora que Andrés Manuel López Obrador ha decidido que habrá una inversión de al menos 43 mil millones de dólares para “levantar la economía”, en un plan de 5 años, en los que los diferentes territorios de poblaciones indígenas podrían correr riesgo.