El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) denunció que las consultas indígenas para la realización del Tren Maya, llevadas a cabo el pasado 30 de noviembre, en los estados de Quintana Roo y Campeche, no se realizaron con las medidas que se indican en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

De acuerdo con los activistas estos ejercicios de participación se realizaron con un tiempo bastante reducido, además de que no se contaban con la convocatoria de participación en las asambleas e incluso se reportó la exclusión de comunidades que podrían ser afectadas por el megaproyecto, a esto se le suma la falta de la presencia de autoridades indígenas en las consultas.

“Omiten componentes reales para su análisis…” CCMSS

En el portal de noticias alternativo Desinformemonos.org publicó una lista de las violaciones a la “Consulta previa, libre e informada” que se realizó el 30 de noviembre en dichos estados. Entre las fallidas acciones resalta la información insuficiente sobre el proyecto, pues no se aclara la manera en que se va a proceder si el proyecto es aprobado, además el CCMSS habla de una falta de dialogo por parte de los organismos federales con las comunidades

1. El gobierno mexicano NO está buscando el consentimiento previo de los pueblos originarios, sobre la ejecución del megaproyecto del Tren Maya, sino únicamente “conocer sus opiniones”, de acuerdo con la información oficial hecha pública y a lo explicado durante las Asambleas Regionales de carácter informativo del 29 y 30 de noviembre.

2. La Consulta Indígena incumple el principio de “informada”, toda vez que la información disponible, a manera de datos sobre el proyecto, sus componentes y montos de inversión, no ha permitido ni el análisis, ni la comprensión de las afectaciones de este megaproyecto sobre los territorios y la vida de las comunidades indígenas.  La información ofrecida por la autoridad a cargo, en las 15 Asambleas Regionales, se limitó a caracterizar de manera general el proyecto ferroviaro y a recalcar sus beneficios promocionales, en completa ausencia de estudios de impacto.

3. Por su parte, fue nula la información sobre los “polos de desarrollo”, como nombran a las más de siete ciudades de 50 mi habitantes que el gobierno y el capital privado buscan crear en la Península de Yucatán, causales históricos del despojo de tierras comunitarias, del aumento de la demanda de servicios y sus costos de acceso, de la inseguridad y del desplazamiento forzado de personas y pueblos.

4. A pesar de que la propiedad de la tierra es un elemento fundamental para el desarrollo del megaproyecto, fue insuficiente la información vertida sobre los mecanismos Fibra, a través de los cuales Fonatur Tren Maya pretende que los ejidos aporten la tierra para la inversión inmobiliaria y la construcción de los polos de desarrollo que conlleva este megaproyecto.  La información disponible ha sido trivial y escaza, enfocada a convencer a los ejidos de que participen en las Fibras.

5. La Consulta Indígena incumplió los principios de “libre”, “informada” y  “culturalmente adecuada“, al convocar como representantes de la comunidad sólo a las autoridades agrarias y locales, para presentarles el proyecto en las Asambleas Regionales informativas del 29 y 30 de noviembre, lo que inhibió la asistencia del resto de la comunidad, limitando su derecho.  Conforme al estándar internacional, son las propias comunidades las que deben designar y asignar sus representaciones para este tipo de ejercicios.

6. Sin consentimiento de las comunidades, el gobierno mexicano de manera unilateral endosó a las autoridades agrarias y locales que asistieron a las 15 Asambleas informativas, la responsabilidad de transmitir a sus comunidades lo que escucharon y observaron sobre el proyecto presentado por el Fonatur, el 29 y 30 de noviembre.

7. La Consulta Indígena incumple el principio de “culturalmente adecuada” desde su organización, pues el Protocolo correspondiente fue diseñado por autoridades de gobierno, más no por las comunidades conforme a sus necesidades, formas de organización y deliberación, presuponiendo que son entes homogéneos, sin diferencias y particularidades.  Esta acción, violenta nuevamente el derecho de libre determinación de los pueblos originarios.

El Consejo también indica que dentro del proceso de la consulta hay una clara discriminación participativa y que todas las secretarias de gobierno involucradas tienen un ojo colonizador para con las posibles regiones afectadas.

Durante una segunda fase “Etapa deliberativa”, del 1 al 13 de diciembre, las autoridades agrarias y locales solo podrán comunicar en sus asambleas lo que alcanzaron a retener en su memoria, apoyándose únicamente en el material impreso que se les fue entregado. Por otra parte, la participación exclusiva de las autoridades agrarias y locales en el proceso, deja a un lado los intereses de otros grupos como las juventudes, las mujeres y demás personas sin derechos agrarios.

Léase también: Consultas no previas ni informadas en comunidades indígenas

 

Después de varios ejercicios que no cumplen los estándares y que han llamado apresurados, se  sabe que el día de hoy 15 de diciembre, se llevó a cabo el segundo día de consulta en los estados de Quintana Roo, Tabasco Chiapas, Campeche y Yucatán.