México.
El Frente de Pueblos llama a las instituciones judiciales mexicanas a investigar la relación entre el gobierno de Michoacán y grupos de narcotráfico en el asesinato del luchador social Samir Flores.
Después de que el medio de comunicación El Sol de México publicara una foto en donde aparece el gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Blanco en compañía de tres líderes del crimen organizado. Junto con una nota en donde supuestamente integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) de manera anónima indican que en 2019 se dio una reunión entre Blanco, Hugo Erick Flores, delegado del AMLO y líderes del narco para “indicarle a Homero Figueroa ‘aplacar’ al líder de la resistencia contra la construcción de la termoeléctrica de La Huexca”.
“Si queda algún grado de decencia en las instituciones de persecución judicial, deben investigar los posibles vínculos de Cuauhtémoc Blanco, Hugo Erik Flores y Uriel Carmona con el crimen organizado y el asesinato de nuestro hermano Samir Flores, deben llamarlos a declarar sobre todo lo denunciado en mantas y medios de comunicación” S.P
Esta información se suma a las declaraciones del mismo servidor público (Blanco) quien diría al Fiscal del Estado saber quién habría matado a Samir Flores, pero no lo decía por miedo. La declaración se ha tomado como una muestra más de la ineficacia hacia este tipo de casos en México.
El FPDTA-MPT por su parte se ha deslindado de la declaración tan literal, pero a su vez ha señalado que las investigaciones del 2019 han dado con el presunto responsable del asesinaro del líder social, sin embargo este no ha sido detenido, ni se ha emitido una orden de aprehensión. Añadieron que las autoridades saben donde se encuentran los culpables, pero que estos se mantienen bajo la protección del gobierno.
La relación entre estos dos ejes no es un nuevo señalamiento, los defensores del territorio, activistas y periodistas han expuesto la conexión entre ellos en múltiples casos, donde también están ligados los intereses de privados extractivistas, como es el caso de la minera Ternium en 2011. En este último se relaciono a la empresa minera con la ejecución de al menos 5 líderes comunales, los cuales serían asesinados por grupos armados ligados al narcotráfico. Mientras que las autoridades ministeriales de aquel estado habrían interferido en las investigaciones para no relacionar a dichos grupos delictivos con las muertes.
El Frente por su parte ha exigido constantemente una revisión del caso a nivel federal, e insiste en investigar las relaciones de poder entre narco y gobierno, así mismo castigarlas para poder acabar con la impunidad constante en el país y sobre todo en los casos relacionados a activistas sociales.